Los pinchazos, una nueva forma de acto de violencia machista
Para el análisis de una política pública para la igualdad entre mujeres y hombres he elegido una medida concreta llevada a cabo en el contexto de la normativa estatal vigente contra la violencia sexual por parte del Observatorio de Salud de las Mujeres, del Ministerio de Sanidad, que fue creado para vigilar las desigualdades de género en la salud.
He escogido esta intervención porque se centra en un fenómeno muy reciente y de gran importancia, como son los casos de agresión a mujeres en contextos de ocio, en espacios al aire libre o cerrados, mediante objeto punzante, comúnmente denominados “pinchazos”, y que han ido en ascenso desde el verano de 2021 hasta la actualidad en varios países europeos.
El documento, titulado “Pautas básicas comunes del SNS para la actuación sanitaria ante casos de agresión a mujeres por objeto punzante (“pinchazo”) en contextos de ocio” y aprobado en agosto de 2022, contiene una primera parte de consideraciones generales consensuadas para el conjunto del SNS, acompañado de algoritmo básico de actuación, un modelo de consentimiento informado de la víctima para la recogida de muestras, y un documento base de recogida datos para la custodia de las muestras. Este documento técnico, aprobado por la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), está dirigido a profesionales de los servicios de salud que integran el Sistema Nacional de Salud (SNS), estando sujeto a revisión y actualización continua en función de las nuevas evidencias.
Análisis 3R del abordaje sanitario y legal de los pinchazos
Aún
se desconocen muchas de las características que rodean a este fenómeno. En Reino Unido se registraron los
primeros casos hace más de un año, conocidos como needle spiking, lo que
impulsó una investigación del Comité de
Interior del Parlamento británico. Según un informe publicado por la Comisión,
se notificaron 1.382 casos de este tipo de agresiones en cinco meses (desde
septiembre de 2021 hasta finales de enero de 2022), el 88% mujeres. Un
93% de los casos se registraron en discotecas y pubs. Frente a estas acciones,
el país ha puesto en marcha formación específica para el personal de seguridad,
un sistema de rastreo de casos, y nuevas campañas de concienciación sobre la
violencia contra las mujeres. En Francia,
se han registrado más de 1.000 denuncias hasta finales de junio por pinchazos
en discotecas o conciertos, de lo que se ha denominado piqûres
sauvages. En Bélgica y Holanda la policía alertó a principios de julio de la aparición de estos
pinchazos en el país, y en España, se
viene detectando desde el mes de julio de este año 2022, particularmente
a través de los medios de comunicación y en las redes sociales, que comenzaron
a dar difusión a los primeros casos identificados durante las fiestas de San
Fermín.
Este tipo de actuaciones no tienen por qué estar vinculadas a una agresión sexual, aunque sí se vinculan con el terror sexual, dirigido a coaccionar la libertad, autonomía, y seguridad de las mujeres, pudiendo ser también valorado como delito de lesiones con agravante de género, tal y como se ha recogido en algunos informes del Ministerio de Interior. Por ello, pueden definirse como un acto de violencia machista, haya agresión sexual o no y haya sumisión química (en el caso de que se inyecte alguna sustancia que pueda alterar la conciencia de las víctimas), o no. El documento aborda este tema explicitando que, en cualquier caso, constituye un delito público y por tanto perseguible de oficio, no requiriendo para su persecución e investigación una denuncia previa, de tal modo que necesita una primera asistencia facultativa, la emisión de un parte de lesiones, y un tratamiento médico, ambos Recursos son puestos a disposición de las mujeres víctimas de estos delitos.
El documento trata, por tanto, de abordar varias de las dimensiones de discriminación hacia las mujeres, así como las implicaciones legales y médicas de la agresión. Es en este contexto del ocio donde se ven reflejados a menudo determinados Roles de género y estereotipos, siendo, en ocasiones, las mujeres víctimas de casos tan flagrantes como el de “La Manada”.
Por
último, en la redacción de este documento ha intervenido el Grupo Técnico de
Trabajo del Protocolo Común de actuación sanitaria ante la Violencia Sexual,
conformado por 39 personas representando a Comunidades Autónomas, Observatorio
de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad, la Delegación de Gobierno
contra la Violencia de Género y el Instituto de las Mujeres, ambos del
Ministerio de Igualdad, personal forense y de la fiscalía del Ministerio de
Justicia, así como personas expertas en salud y violencia de género. 37 de
estas personas eran mujeres, lo que probablemente asegura tanto su presencia
como su Representación de facto en la toma de decisiones de este proyecto.
Posibles impactos y resultados de esta iniciativa
Esta iniciativa aún no ha sido evaluada y no hay informes de sus resultados desde su aprobación, pero persigue el acceso igualitario a recursos como esta asistencia facultativa, tratamiento médico y defensa de su dignidad, incluso de oficio, respondiendo al mandato de la Ley Orgánica 1/2004 de que las instituciones públicas deben estar involucradas en la lucha contra la violencia de género, así como contribuir a la protección integral de la salud de las mujeres en un marco de equidad y cohesión del SNS, para una adecuada continuidad asistencial y posterior seguimiento.
Asimismo, el hecho de que el documento incluya el registro en la historia clínica y el parte de lesiones en un sistema de información que permitirá el cómputo de estos casos y la posibilidad de poder determinar con exactitud la magnitud y alcance de este tipo de agresiones y su seguimiento epidemiológico.
Además,
como en el resto de situaciones de violencia de género, aquellas mujeres que
presenten alguna situación de doble vulnerabilidad (mujeres con discapacidad,
mujeres migrantes, mujeres en situación de exclusión, mujeres con adicciones, u
otras) van a requerir una actuación específica en la que se incorporen los
apoyos sociales necesarios para poder ayudarlas con eficacia, abordando así las
desigualdades interseccionales.
Debilidades y fortalezas de esta iniciativa
La iniciativa presenta algunas debilidades. Por un lado, aunque se trata de un documento técnico aprobado por consenso en la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), constituido por las Comunidades Autónomas y otras instituciones a nivel estatal, es previsible que la implantación sea heterogénea y a distintas velocidades, lo que podría crear situaciones de inequidad en el territorio nacional, dependiendo también de la presencia o no de legislación y normativa como los Protocolos de Sumisión Química y Agresiones sexuales que ya existen en las distintas CCAA.
La fortaleza más importante de esta iniciativa
es que la propuesta conlleva una respuesta
multi-institución y multiactor bien articulada. Por ejemplo, se prevé que la
Delegación del Gobierno contra la Violencia
de Género informe de este protocolo básico a los servicios especializados de
atención integral a través de los respectivos Institutos de la Mujer o
Direcciones Generales de las CCAA, así como a los recursos de competencia
estatal: servicio 016, ATENPRO y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por otro
lado, se plantea compartir el documento con organizaciones del tercer sector
que gestionan los Puntos Violeta, al ser servicios y puestos de primera
intervención y atención en muchas localidades (por ejemplo, en fiestas
patronales), y podrán formar parte de la derivación a las mujeres, adolescentes
y niñas afectadas a los centros sanitarios para atención urgente que estén
establecidos en cada CCAA.
Más información del
Observatorio de Salud de las Mujeres y de esta iniciativa en:
https://www.observatoriosaludmujeres.es/
https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/equidad/saludGenero/home.htm
